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Sucesos

El juicio del bulo del bar España se retrasa hasta el próximo martes

El juicio por el bulo del bar España se aplaza hasta el martes tras horas de cuestiones previas y problemas con las conexiones telemáticas.

Redacción automática · Alicantet 2 min de lectura

El juicio por el histórico bulo sobre una supuesta red de pederastia en el Baix Maestrat ha comenzado este viernes en la Ciudad de la Justicia de Castellón con dos horas de retraso por problemas informáticos y más de tres horas de cuestiones previas. La declaración del primer acusado se ha aplazado al próximo martes.

El fiscal, Javier Carceller, ha asegurado que va a "seguir adelante" con el procedimiento "le pese a quien le pese". Las defensas han planteado, entre otras cuestiones, la vulneración de derechos fundamentales, la nulidad del procedimiento, posibles detenciones ilegales, fraude procesal y dudas sobre la legitimidad de la Fiscalía para representar a las víctimas.

Carceller ha defendido que las primeras denuncias presentadas por Reinaldo Colás, fallecido e identificado como instigador del caso, sí fueron investigadas. Según ha recordado, hubo "investigación, juicio y sentencia condenatoria por denuncia falsa".

La jornada también ha estado marcada por la participación telemática de acusados y testigos. Solo tres de los siete procesados han acudido presencialmente, mientras que el resto ha seguido la vista por Webex. Uno de los acusados, el abogado Javier F.T., ha intervenido desde Irlanda y ha sido apercibido varias veces por no mantener encendida la cámara.

El próximo martes declararán por videoconferencia los expresidentes Francisco Camps y Carlos Fabra. También están citadas como testigos la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra y la presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz. El juicio, que afecta a seis acusados y a un responsable civil subsidiario, está previsto que dure seis jornadas, aunque podrían añadirse más sesiones.

La Fiscalía acusa por delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral, y solicita penas que suman hasta 58,5 años de prisión para uno de los acusados, además de indemnizaciones por un total de 1,3 millones de euros. Se trata de un procedimiento de ámbito provincial, seguido desde Alicantet por su relevancia en la Comunitat Valenciana.

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