El TSJ admite los recursos contra las nuevas comisiones de servicio docentes
El TSJ admite los recursos de STEPV y ANPE contra el decreto valenciano sobre comisiones de servicio del personal docente.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha admitido a trámite los recursos presentados por STEPV y ANPE contra el decreto del Consell que regula las comisiones de servicio del personal docente. La norma establece por primera vez un marco común para estos traslados temporales y voluntarios.
El tribunal también ha abierto una pieza separada para estudiar las medidas cautelares solicitadas por ANPE, todavía pendientes de resolución, y ha dado a la Conselleria de Educación diez días para presentar alegaciones.
ANPE cuestiona, entre otros aspectos, el peso de las entrevistas para acceder a determinados puestos, la falta de límites definidos para las plazas de perfil, la obligación de haber participado en el concurso de traslados y las restricciones relacionadas con la conciliación familiar. El sindicato también critica que algunos puntos no fueran negociados en la Mesa sectorial de diciembre de 2025.
STEPV reprocha al decreto que no recoja prioridades que sí aparecían en convocatorias anteriores, como las de docentes víctimas de terrorismo o afectados por la dana de octubre de 2024. También señala que no se menciona la prioridad de quienes padecen una enfermedad leve, siguen un tratamiento de fertilidad o están embarazadas.
La nueva regulación eleva del 33% al 50% el grado de discapacidad exigido para solicitar una comisión por discapacidad del docente. En los casos de cuidado de familiares enfermos, limita el parentesco a familiares de primer grado y exige un grado III de dependencia o una discapacidad superior al 65%.
El decreto establece como primera prioridad las comisiones para profesoras víctimas de violencia de género, acreditadas mediante informe; después sitúa las solicitudes por razones personales o de salud y, por último, las vinculadas al interés profesional. La resolución judicial afecta a una regulación de ámbito autonómico, por lo que puede tener consecuencias para el personal docente de toda la Comunidad Valenciana, incluido el de la provincia de Alicante.
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