Los propietarios deberán avisar con seis meses de antelación si no quieren renovar el alquiler

El Gobierno ha aprobado una nueva regulación del alquiler de vivienda habitual que obliga a los propietarios a comunicar con mayor antelación su intención de no continuar con el contrato. Según recoge el Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, la medida entrará en vigor el 15 de noviembre de 2026, siempre que supere el trámite de convalidación parlamentaria. El plazo de aviso del arrendador pasa de cuatro a seis meses, mientras que el inquilino mantiene un mínimo de dos meses para comunicar que no renovará.

La norma afecta a los arrendamientos de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) una vez transcurridos al menos cinco años de contrato, si el propietario es una persona física, o siete años, si se trata de una empresa u otra persona jurídica. Si ninguna de las partes comunica en plazo su intención de poner fin al arrendamiento, el contrato se prolongará obligatoriamente por periodos sucesivos de cinco años en el caso de personas físicas y de siete años en el de personas jurídicas.

La reforma también se aplica a contratos ya vigentes, no solo a los firmados después del 15 de noviembre. Además, introduce una indemnización para el inquilino cuando el propietario decida poner fin al contrato mediante una comunicación válida. La cuantía será la mayor entre doce mensualidades, calculadas según el valor superior del rango de precios de alquiler del inmueble, o una mensualidad por cada año de residencia. Los periodos inferiores a un año se calcularán proporcionalmente, y el pago se hará, con carácter general, al entregar las llaves.

El decreto prevé excepciones a esa indemnización, por ejemplo cuando el propietario persona física necesite la vivienda como residencia permanente propia o de determinados familiares, o para el cónyuge en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Tampoco se pagará si el inquilino no ha habitado la vivienda más de seis meses en los doce anteriores a la notificación, salvo causa justificada, si dispone de otro inmueble en el mismo municipio, si se firma un nuevo contrato para la misma vivienda o si el arrendatario rechaza una oferta válida de renovación que cumpla las condiciones legales.

Para los vecinos de Alicantet, la reforma afecta a cualquier persona que viva de alquiler o tenga una vivienda en arrendamiento en la provincia de Alicante, tanto a propietarios como a inquilinos que se acerquen al vencimiento de su contrato.

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