Consumo abre expediente a una empresa de autobuses por precios ocultos y cláusulas abusivas
Consumo investiga a una empresa de autobuses por ocultar gastos de gestión en la compra online y no devolverlos en viajes cancelados.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra una empresa de autobuses por posibles irregularidades en la venta de billetes y en la devolución del dinero de los viajes cancelados. La Dirección General de Consumo ha detectado indicios de prácticas comerciales engañosas y de cláusulas que podrían perjudicar a los usuarios. El Ministerio no ha facilitado la identidad de la compañía investigada.
La investigación se centra en dos posibles incumplimientos: ocultar parte del precio real de los billetes durante la compra por internet y no reembolsar los gastos de gestión cuando se cancela un trayecto. El departamento que dirige Pablo Bustinduy impulsa el procedimiento.
Según el texto, la empresa presuntamente no incluiría los gastos de gestión en el precio anunciado, sino que los añadiría en las últimas fases de la compra online, después de que el usuario haya introducido sus datos. Esta práctica, conocida como precio por goteo (drip pricing), dificultaría comparar tarifas desde el principio. Consumo considera que podría constituir publicidad engañosa y una práctica comercial desleal, con sanciones que pueden alcanzar los 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC), aprobada el año pasado, establece que los gastos de gestión deben formar parte del precio final y mostrarse desde el inicio de cualquier comunicación comercial.
El segundo motivo de la investigación es la devolución de los viajes anulados. Existen indicios de que la compañía no reembolsaría los gastos de gestión, amparándose en condiciones contractuales que, a juicio de Consumo, podrían ser abusivas según los artículos 83 y 87 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En estos casos, las multas pueden llegar hasta un millón de euros o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito.
Es el segundo expediente de este tipo que Consumo abre este año por posibles prácticas engañosas en la información sobre precios del transporte; en verano inició otro contra una compañía de billetes de tren y avión. El organismo recuerda que abrir un expediente no supone que la empresa sea responsable de las infracciones investigadas ni prejuzga el resultado del procedimiento.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.