La nueva Ley de Universidades de la Región de Murcia sube al 40% el reparto de patentes y crea un carné digital

La Ley de Universidades de la Región de Murcia, que ha superado su primer trámite en la Asamblea Regional con solo dos votos en contra, eleva al menos al 40% el porcentaje de los beneficios por la explotación de patentes que percibirán los investigadores de las universidades murcianas, frente al 33% actual. La norma se aplica también a las obtenciones vegetales y a los secretos empresariales, y el anteproyecto recoge matices autonómicos para dar seguridad jurídica dentro de la UMU, la UPCT y la UCAM.

Entre las novedades que afectan a las universidades públicas de Murcia, los rectores de la UMU y de la UPCT deberán rendir cuentas una vez al año ante la Asamblea Regional con una memoria económica. Además, el grado de cumplimiento de los objetivos será evaluado por la Comunidad Autónoma y servirá de base para fijar la financiación de la siguiente programación plurianual.

La ley reserva el 15% de las plazas de personal docente e investigador para doctores con certificado R3/I3 o una evaluación equivalente, y obliga a las universidades a destinar un presupuesto mínimo a programas propios de investigación: el 6% en la UMU y la UPCT, y no menos del 5% en la UCAM.

El texto también refuerza la inclusión de estudiantes y personal con discapacidad y crea el Consejo de Estudiantes de las Universidades de la Región de Murcia, adscrito a la Consejería, con derecho a una plaza en el órgano de representación nacional del estudiantado, según explica el director general de Universidades, Antonio Caballero.

Una de las medidas más visibles para los universitarios murcianos es el carné regional digital, que permitirá usar de forma indistinta bibliotecas, salas de estudio, instalaciones deportivas y otros espacios de la UMU y la UPCT, incluidos los periodos de vacaciones.

Por último, las universidades públicas deberán destinar al menos el 3% de las tasas de matrícula a becas, con criterios que atiendan preferentemente a las rentas más bajas y a la excelencia académica, y la norma garantiza al estudiantado al menos una prueba ordinaria y otra extraordinaria por asignatura.

Información elaborada a partir de La Verdad.