El cambio de Gobierno pone en juego las cúpulas de las empresas estatales
Las elecciones del 29 de noviembre reavivan el debate sobre el futuro de las cúpulas de Correos, Paradores, Telefónica y Aena.
Las próximas elecciones del 29 de noviembre han abierto también el debate sobre el futuro de las empresas públicas y participadas por el Estado, cuyos principales puestos pueden cambiar si se produce una alternancia en el Gobierno. Entre los cargos más cotizados figuran las presidencias de Correos, Paradores, Telefónica y Aena.
La presidencia de Correos, que actualmente ocupa Pedro Saura, está considerada una de las posiciones más relevantes del sector público empresarial. Saura llegó al cargo tras presidir Paradores, donde fue sustituido por Raquel Sánchez, exministra de Transportes y exalcaldesa de Gavà. Antes que él, Alberto Núñez Feijóo ocupó distintos puestos de responsabilidad en Correos entre 2000 y 2003, antes de iniciar su carrera en la Xunta de Galicia.
La remuneración también explica el interés por estos puestos. El salario bruto anual del presidente de Paradores asciende a 218.000 euros, mientras que el de Correos alcanza los 235.000 euros. La presidencia de Telefónica garantizó en 2025 unos ingresos brutos de 5,2 millones de euros entre fijo y variable, y la de Aena supuso 197.000 euros.
Correos cuenta con 48.000 empleados y afronta la necesidad de reinventar su negocio ante la competencia. En 2025 facturó 2.076 millones de euros y obtuvo un beneficio de 11 millones, frente a las pérdidas de 459 millones registradas en 2024 por provisiones extraordinarias.
El Estado mantiene participaciones relevantes en compañías como Telefónica, Aena, Caixabank, Indra y Redeia. El valor conjunto de sus participaciones en empresas cotizadas suma 50.000 millones de euros, en un contexto de creciente intervención pública en sectores considerados estratégicos.
El análisis plantea si el Estado conservará el 18% de Caixabank, si habrá una nueva fase de privatización de Aena o qué grandes operaciones pueden afrontar Telefónica, Indra y Redeia. Para los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, el asunto tiene interés por el peso de estas empresas estatales en servicios y sectores estratégicos, aunque el texto no recoge cambios concretos para la ciudad.
Información elaborada a partir de La Provincia.