El Congreso aprueba el decreto que moviliza 600 millones para Canarias

El Congreso ha convalidado este miércoles el denominado ‘decreto Canarias’ con 300 votos a favor, 38 en contra y 10 abstenciones. La norma incluye medidas para la reconstrucción de La Palma y permite a determinadas comunidades autónomas utilizar su superávit en inversiones sostenibles.

El decreto prorroga durante 2026 la deducción del 60% en el IRPF para los residentes en La Palma, que se reflejará en las nóminas a partir de octubre. También autoriza al Gobierno de Canarias a destinar 100 millones de euros de su superávit de 2025 a compensar pérdidas agrícolas y ganaderas y reconstruir infraestructuras agrarias, hidráulicas y empaquetados de plátano.

La norma amplía seis meses la suspensión del pago de préstamos de agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, desvincula las ayudas del Posei del cálculo del cese de actividad de los autónomos y suma 33 millones de euros a los convenios con el Cabildo de La Palma y sus ayuntamientos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió el texto como un compromiso con Canarias y La Palma, cuando se cumplen cinco años de la erupción del volcán de Tajogaite. Según explicó, ocho comunidades podrán reinvertir más de 4.000 millones de euros de sus superávits entre 2026 y 2028; en el caso de Canarias, la cantidad asciende a 600 millones.

Coalición Canaria y el Partido Popular respaldaron la convalidación, aunque reclamaron una mayor aportación directa del Estado. La diputada nacionalista Cristina Valido recordó que los 100 millones autorizados proceden del superávit de Canarias y reclamó la transferencia de otros 100 millones comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. El PP también cuestionó el límite de endeudamiento fijado para acceder al mecanismo.

Junts y Vox votaron en contra, mientras que ERC se abstuvo. Junts criticó que el mecanismo deje fuera a Cataluña y Vox rechazó las medidas vinculadas a la Agenda Canaria. La aprobación afecta al conjunto de Canarias, incluida la provincia de Las Palmas, porque habilita el uso de recursos autonómicos para inversiones en ámbitos como la vivienda pública, la sanidad y los servicios sociales.

Información elaborada a partir de La Provincia.