El Gobierno pide al Consejo de Estado su informe sobre el decreto de centros de datos esta semana

El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión del real decreto que prepara para regular los nuevos centros de datos, y ha pedido que el órgano emita su dictamen antes del jueves 5 de noviembre. Según la información publicada por La Provincia, el Ejecutivo reelaboró el texto para suavizar en parte las exigencias ambientales y de seguridad digital, tras las críticas del sector tecnológico y el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que pedía moderar algunas obligaciones.

La tramitación se hace por la vía de urgencia, lo que reduce al mínimo los plazos para los informes preceptivos. El Gobierno pretende aprobar el decreto antes de las elecciones del 29 de noviembre o, si no fuera posible, tras los comicios y estando en funciones, siempre que obtenga el visto bueno de la Abogacía del Estado. La normativa está liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige la vicepresidenta Sara Aagesen, con la participación de los ministerios de Transformación Digital y de Economía.

El nuevo borrador mantiene el objetivo de filtrar la gran cantidad de proyectos de centros de datos previstos en España para que avancen solo los más sostenibles. Entre los cambios, se concede a estas instalaciones un plazo de cinco años para que el 80% de su electricidad sea renovable, a cambio de que Red Eléctrica pueda ordenar su desconexión si es necesario para proteger el sistema eléctrico. Además, los requisitos verdes se aplicarían solo a los centros de más de 10 megavatios, frente al umbral de 1 megavatio de la primera versión.

Pese a las modificaciones, el sector tecnológico ha expresado su rechazo. Según el texto, los grandes operadores de centros de datos han mostrado un “rechazo absoluto y masivo” al nuevo borrador y advierten de posibles paralizaciones de inversiones millonarias en España. La patronal SpainDC, que agrupa a compañías como Amazon, Google o Microsoft, prepara una batalla legal por fases: antes de la aprobación, denunciará defectos de la norma y de su tramitación urgente ante el Consejo de Estado y pedirá que la CNMC y la Comisión Europea la revisen, lo que podría retrasarla al menos tres meses.

Tras una eventual aprobación, la patronal anticipa recursos judiciales con posibles solicitudes de medidas cautelares y reclamaciones de indemnizaciones para compensar las inversiones ya realizadas. La noticia tiene un alcance estatal y no incluye datos específicos sobre Canarias ni sobre Las Palmas de Gran Canaria.

Información elaborada a partir de La Provincia.