El SCS indemnizará a la familia de una paciente fallecida en Lanzarote
El SCS deberá indemnizar a la familia de una paciente fallecida en Lanzarote tras fallos informáticos que dificultaron atender su posible ictus.
El Servicio Canario de Salud (SCS) deberá indemnizar a los familiares de María Eulalia Cabrera Toledo, conocida como Laly, una mujer de 53 años que falleció en 2023 tras acudir a un centro de salud de Lanzarote con síntomas compatibles con un posible ictus.
La sentencia, dictada por la plaza número 5 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, atribuye la responsabilidad a las carencias de los sistemas informáticos de la sanidad canaria. En ese momento, el Hospital General de Lanzarote no podía consultar los informes del centro de salud de procedencia ni la documentación de las ambulancias.
La paciente fue atendida sobre las seis de la tarde y presentaba pérdida de fuerza en el lado derecho y dificultades para caminar. La médica que la examinó sospechó un episodio isquémico y ordenó su traslado al hospital, pero no volvió a ser evaluada en urgencias hasta dos horas y 20 minutos después, según la resolución.
El hospital solo recibió una descripción breve de los síntomas y del origen de la paciente. Una especialista en neurología declaró que, si la exploración y los datos disponibles apuntaban a un ictus, estaba indicado realizar un TAC, una prueba que finalmente no se practicó.
El magistrado considera que la falta de acceso a la información clínica impidió activar el protocolo específico de atención al ictus y vulneró la denominada lex artis. La sentencia no responsabiliza de una falta de pericia a los facultativos que atendieron a la mujer, sino a la gestión del SCS por no proporcionar las herramientas necesarias para compartir los datos entre dispositivos asistenciales.
La resolución concluye que, de haberse activado el protocolo, existían posibilidades de que la paciente hubiera superado la enfermedad y sobrevivido. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un plazo de quince días desde su notificación.
Información elaborada a partir de La Provincia.