El traspaso de mutualistas al RETA queda pendiente de un reglamento que podría retrasarse tras las elecciones
Mutualistas como abogados y procuradores esperan el reglamento que permita pasar sus aportaciones al RETA, pendiente antes de las elecciones del 29 de noviembre
Abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales vinculados a mutualidades privadas reclaman al Gobierno poder trasladar sus aportaciones a la Seguridad Social para que esos años computen para la jubilación. La Mutualidad de Procuradores, según recoge La Provincia, sostiene que la medida beneficiaría a más de 150.000 profesionales y pide que el asunto se trate «como una cuestión de Estado» antes de las Elecciones Generales del 29 de noviembre.
La Ley 2/2026, en vigor desde el 1 de agosto, ya contempla esta posibilidad, conocida como pasarela al RETA, pero su aplicación depende de un real decreto que el Gobierno aún no ha aprobado. El plazo legal para desarrollarlo terminaba a finales de octubre, concretamente el 29 de octubre según el texto, y el reglamento sigue pendiente de tramitación, que incluye audiencia pública y dictamen del Consejo de Estado.
La medida es voluntaria y no automática: cada mutualista debe solicitar individualmente el traslado de los derechos económicos acumulados a la Tesorería General de la Seguridad Social. Quien se acoja a la pasarela quedará incorporado al RETA para su actividad profesional y no podrá revertir la decisión, por lo que conocer el cálculo de los derechos transferidos resulta clave.
La ley establece que el cálculo tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido en el RETA y un coeficiente fijado en la norma, aunque el reglamento debe concretar cómo se convierten los fondos en periodos cotizados. Además, el tiempo de obligada permanencia en una mutualidad alternativa se computará a efectos del porcentaje aplicable a la base reguladora, sin que ello garantice una pensión concreta.
Si el real decreto no se aprueba antes de la cita electoral, la pasarela no desaparece, pero la formación de un nuevo Gobierno podría retrasar su puesta en marcha y prolongar la incertidumbre. La ley fija un plazo de un año desde la entrada en vigor del reglamento para solicitar la transferencia, de modo que ese plazo no empezará a contar hasta su publicación.
Información elaborada a partir de La Provincia.