La Audiencia de Cuentas detecta fallos en la transparencia del Gobierno canario
La Audiencia de Cuentas detecta retrasos en declaraciones de bienes y falta de agendas públicas entre altos cargos de Canarias.
Dos consejeros del Gobierno de Canarias presentaron fuera de plazo sus declaraciones de bienes y otros dos no registraban actuaciones en sus agendas públicas, según un informe de la Audiencia de Cuentas presentado este lunes en comisión parlamentaria. El documento analiza información de 2024 y 2025.
Los consejeros de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, y de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, superaron el plazo de tres meses y entregaron sus declaraciones después de varios requerimientos. Los titulares de Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y de Sanidad, Esther Monzón, no publicaban agendas en el momento de elaboración del informe.
La falta de información en las agendas afectaba a 94 de los 158 altos cargos autonómicos. El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, advirtió de que la agenda es “un instrumento básico para el control del conflicto de intereses” y cuestionó que no exista un criterio uniforme para detallar reuniones y asuntos tratados.
El informe reclama actualizar la normativa canaria de 1997, concretar las restricciones para trabajar en actividades privadas tras dejar el cargo y verificar su cumplimiento. También propone al menos dos acciones anuales obligatorias de formación ética. En 2024, solo 18 altos cargos habían recibido formación de este tipo, sin que se acreditara su asistencia.
La Audiencia de Cuentas también alertó de que la Administración autonómica carece de una estrategia global y dotada de personal para prevenir el fraude y la corrupción. Además, señaló el retraso de más de quince meses en la creación de un canal protegido para informar de posibles irregularidades y que solo tres de las 18 sociedades públicas revisadas contaban con un canal interno adaptado a la ley.
El informe, presentado en la sede parlamentaria de Canarias, afecta al conjunto de la Administración autonómica y, por tanto, a la gestión pública que también repercute en Las Palmas de Gran Canaria como capital y sede de instituciones regionales.
Información elaborada a partir de La Provincia.