La oposición reclama explicaciones por el caso de las Jornadas del Paisaje
La oposición en el Cabildo pide explicaciones por la causa sobre las Jornadas del Paisaje, que afecta a siete investigados.
Los grupos Popular, Coalición Canaria y Vox en el Cabildo de Gran Canaria pedirán explicaciones al presidente insular, Antonio Morales, y a la consejera de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda, por la causa judicial sobre presuntas irregularidades en la contratación de las Jornadas del Paisaje. El juzgado ha cerrado la instrucción y ha ordenado enviar a juicio a los siete investigados.
El auto, fechado el 3 de octubre, aprecia indicios de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. La investigación, iniciada tras la denuncia de un funcionario en 2020, analiza la contratación de cuatro ediciones celebradas entre 2016 y 2019.
Entre los investigados figuran Miranda, el exdirector general Rafael Luis Pedrero, el técnico Víctor Manuel Quevedo, el exinterventor Juan José Sánchez Arencibia y representantes de IMACO 89, el Instituto Canario de Telecomunicaciones y Yedra Comunicación. Según la hipótesis judicial, distintas empresas habrían formalizado las adjudicaciones y canalizado después fondos hacia IMACO 89, mientras que otros contratos menores podrían haberse dividido para evitar procedimientos de concurrencia pública.
El instructor atribuye a Miranda la autorización de los expedientes de contratación de las cuatro ediciones. No obstante, los hechos deberán determinarse durante el procedimiento judicial y todos los investigados mantienen la presunción de inocencia.
El PP estudia presentar iniciativas en las comisiones o en el pleno para pedir explicaciones. Coalición Canaria solicitará que Miranda comparezca en el próximo pleno de octubre y reclamará los expedientes de contratación, aunque su portavoz, Vidina Cabrera, rechazó pedir la dimisión de la consejera antes de que exista una resolución. Vox, por su parte, considera el auto de "enorme gravedad" y exige responsabilidades políticas al gobierno insular.
La información afecta al conjunto de Gran Canaria y tiene seguimiento en Las Palmas de Gran Canaria, capital insular y sede del Cabildo. Desde la Presidencia y la Consejería señalaron que ya han expuesto en otras ocasiones su posición y que ahora esperan la apertura del procedimiento correspondiente.
Información elaborada a partir de La Provincia.