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Sanidad

Salud Mental Canarias pide una partida propia para prevención en 2027

Salud Mental Canarias reclama una partida finalista en los presupuestos de 2027 para prevención, detección precoz y promoción.

Redacción automática · Las Palmas de Gran Canaria 2 min de lectura

La Federación Salud Mental Canarias reclama que los presupuestos autonómicos de 2027 incluyan una partida específica y finalista para prevenir los problemas de salud mental. El vicepresidente de la entidad, Miguel Tomé, trasladó esta petición este viernes durante el acto del Día Mundial de la Salud Mental 2026, celebrado en el Parlamento de Canarias.

La organización ha enviado un escrito a los grupos parlamentarios para que los recursos destinados a prevención, detección precoz y promoción de la salud mental se concreten en una partida propia, al margen de los capítulos de personal e instalaciones.

Tomé reconoció el esfuerzo de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, aunque advirtió de que persisten carencias de profesionales, ratios insuficientes y problemas de coordinación entre distintas áreas y servicios.

La Federación toma como referencia el anterior Plan de Salud Mental, que dispuso de 15 millones de euros para ejecutar sus medidas durante cuatro años. Según Tomé, esos fondos se destinaron a personal e instalaciones y no contaron con una dotación específica para acciones de prevención y promoción. Además, al no ser financiación finalista, podían trasladarse a otras áreas ante desajustes presupuestarios.

La entidad confía en que las cuentas de 2027 incluyan una partida nominada para la Dirección General de Salud Mental y Adicciones. Tomé aseguró que todos los grupos parlamentarios han mostrado su disposición a respaldarla, a la espera de la propuesta del Gobierno autonómico.

La Federación también se reunió la semana pasada con el director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón. Según el vicepresidente, la consejera reconoció la necesidad de crear esta partida. La medida afectaría al conjunto de Canarias, incluida la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, como capital autonómica.

Información elaborada a partir de La Provincia.

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